Las mujeres tendrán que volver a dar explicaciones para interrumpir su embarazo en España. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, confirmó ayer que se reformará la actual ley de plazos —que permite abortar libremente hasta la semana 14 de gestación— para volver a un sistema de supuestos similar a la regulación de 1985, en el que las mujeres tendrán que alegar motivos para su decisión. Gallardón, sin embargo, no aclaró cuáles serán esos supuestos en los que estará permitido hacerlo. Tampoco cuál será el tiempo para ello. Hasta julio de 2010, el aborto era un delito. Las mujeres solo podían recurrir a él en casos de violación (hasta la semana 12 de gestación), malformaciones (hasta la semana 22) y riesgo para la salud física y psicológica de la mujer (sin plazo).
El PSOE y las organizaciones de mujeres criticaron ayer duramente la decisión del Gobierno, que ven como una vuelta atrás y una pérdida de derechos. Recuerdan, además, como ese sistema de supuestos provocaba que la gran mayoría de las mujeres (casi el 90%) se viera obligada a alegar riesgo para su salud psicológica para recurrir a esta intervención, una rendija que, sin embargo, las dejaba desprotegidas a ellas y a los médicos.
El Gobierno cuenta con el apoyo de UPN, su socio en Navarra. Las organizaciones contrarias al derecho al aborto —como Hazte oír o Derecho a Vivir— ven bueno el cambio aunque aspiran a una prohibición total.
“Reformar la ley del aborto es lo más progresista que he hecho en mi vida”, aseguró ayer Gallardón en una entrevista en TVE. El ministro de Justicia reiteró que la ley actual “desprotege los derechos del no nacido”, y que no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, en la que se definía que ese nasciturus era un bien jurídicamente protegido pero cuya defensa podía entrar en conflicto con los derechos de la madre, doctrina ante la que se sustentó el sistema de supuestos.
“Cuando hay derechos que están en colisión con otros en ciertos supuestos, [el aborto] no es penalmente punible”, afirmó el ministro. El legislador debe ahora, explicó, decidir cuáles son esos supuestos. El de violación habría que recuperarlo, pues desapareció con la ley de plazos.
Para Carmen Montón, la decisión del Gobierno es “un atropello”. La portavoz de Igualdad del PSOE cree que la vuelta al sistema de supuestos “elimina el derecho de las mujeres a decidir su maternidad”. Montón, que participó en la elaboración de la ley vigente, cree que terminar con el plazo de aborto libre acaba con el espíritu de la ley y aleja a España del entorno europeo.
Lucía Mazarrasa, experta de la Escuela Nacional de Sanidad y miembro del Fórum de Política Feminista, dice: “Se vuelve a poner la decisión de la mujer y su aprobación en manos de los profesionales”. Montón y Mazarras ven las palabras de Gallardón como un guiño hacia los sectores más conservadores del partido, pero encuentran una carencia en su argumentario: la falta de referencias a la planificación familiar y la contracepción. Punto en el que también incide la ginecóloga Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, que se pregunta por las políticas del Ejecutivo para rebajar las cifras de abortos, que llevan varios años por encima de las 100.000 intervenciones al año. “Que la primera medida en relación a la salud sexual y reproductiva sea esta y no la prevención o el fomento de la educación sexual muestra que se hace por razones ideológicas. Y eso es muy preocupante”.
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